El derecho a quejarse y la responsabilidad de votar

Sobre la libertad de elegir, la importancia de participar y el derecho a exigir que nadie juegue con nuestra confianza.

En nuestros pueblos hay conversaciones que parecen no terminar nunca. Comienzan con el tiempo, continúan con algún asunto del municipio y, casi sin que nadie sepa muy bien cómo, terminan hablando de política. Basta un café, una noticia escuchada en la radio o un encuentro casual para que aparezcan las opiniones, los desacuerdos y, de vez en cuando, alguna discusión que se escucha bastante más lejos de lo que sus protagonistas imaginan.

Tenemos una extraordinaria capacidad para analizar lo que hacen nuestros representantes. Sabemos lo que deberían haber decidido, lo que prometieron y no cumplieron, lo que unos hicieron mal y lo que otros, seguramente, habrían hecho todavía peor. Y no está mal que así sea. Una sociedad que pregunta, discute y exige explicaciones demuestra que no ha renunciado a interesarse por su futuro.

Sin embargo, existe una contradicción que merece nuestra atención. Nos preocupa quién gobierna, criticamos las decisiones públicas y reclamamos que se escuche a los ciudadanos, pero no siempre concedemos la misma importancia al momento en que tenemos la oportunidad de participar directamente en la elección de nuestros representantes.

Quizá porque nos hemos acostumbrado tanto a poder votar que hemos terminado olvidando lo extraordinario que resulta ese derecho.

Y quizá también porque, después de tantas decepciones, hay ciudadanos que han comenzado a preguntarse si su voto sirve realmente para algo.

Las dos cuestiones merecen una reflexión.

Cuando votar era un privilegio y no un derecho

No hace tanto tiempo, si lo medimos con la larga historia de nuestros pueblos, que participar libremente en unas elecciones era una posibilidad negada a buena parte de la población.

Hubo generaciones que vivieron sin poder elegir democráticamente a sus representantes. Otras conocieron sistemas electorales en los que el derecho al voto dependía de condiciones económicas, sociales o personales que hoy nos resultarían inaceptables.

La democracia española actual no apareció por generación espontánea. Fue el resultado de un proceso histórico en el que el reconocimiento de las libertades políticas y del sufragio universal constituyó una conquista fundamental.

Por eso, cuando una persona entra en un colegio electoral, realiza un gesto aparentemente sencillo que encierra mucho más de lo que parece. Toma una papeleta, la introduce en un sobre y participa en una decisión colectiva que afecta al futuro de su comunidad.

No necesita pronunciar discursos, tener estudios universitarios ni conocer personalmente a quienes aspiran a representarla. Su voto cuenta conforme a las mismas reglas que el de cualquier otro elector de esa convocatoria.

Y eso, en una sociedad donde tantas cosas dependen de nuestra posición económica o social, sigue siendo extraordinario.

Votar no es hacerle un favor a un político. Es recordarle que su autoridad procede de los ciudadanos y que no le pertenece para siempre.

Conviene no olvidarlo, especialmente cuando algunos parecen sentirse demasiado cómodos en los despachos.

El desencanto también tiene sus razones

Sería injusto afirmar que quien decide no votar lo hace por desinterés o irresponsabilidad.

Hay ciudadanos que han perdido la confianza en los partidos, personas que sienten que ninguna candidatura representa sus ideas y otras que consideran la abstención una forma legítima de expresar su rechazo.

Y tienen derecho a hacerlo.

La libertad de votar incluye también la libertad de no hacerlo. Una democracia que se respete no puede exigir adhesiones obligatorias ni convertir la participación electoral en un examen de superioridad moral.

Pero hay una pregunta que merece hacerse: ¿qué mensaje estamos enviando realmente cuando decidimos quedarnos en casa?

Quizá pretendamos expresar nuestro hartazgo. Tal vez queramos manifestar que ninguna opción nos convence. Sin embargo, cuando se cuentan los votos, nuestra ausencia no viene acompañada de una explicación escrita que permita distinguir entre el desencanto, la protesta, la indiferencia o una circunstancia personal.

La abstención puede tener muchos significados, pero las estadísticas no siempre saben interpretarlos.

Y aquí aparece una curiosa contradicción de nuestra vida pública. Somos capaces de dedicar horas a discutir una decisión política, compartir noticias, indignarnos ante una declaración y exigir responsabilidades con admirable entusiasmo. Sin embargo, cuando llega el momento de ejercer nuestro derecho, algunos descubrimos que tenemos asuntos muchísimo más urgentes.

La democracia, por desgracia, todavía no permite votar mediante una queja publicada en las redes sociales.

Aunque, viendo la cantidad de opiniones que circulan cada día, quizá las urnas no fueran lo bastante grandes.

El voto por correo: participar también desde la distancia

En Sierra de Gata sabemos bien que la vida no siempre transcurre donde uno quisiera.

Hay personas que tuvieron que marcharse para estudiar o trabajar, familias que viven lejos de su pueblo y vecinos que, por diferentes circunstancias, no pueden acudir a su colegio electoral el día de las elecciones.

Algunos regresan siempre que pueden. Otros mantienen sus vínculos a través de llamadas, recuerdos, fotografías y conversaciones familiares. Porque vivir lejos no significa necesariamente dejar de pertenecer a un lugar.

El voto por correo permite que muchos de esos ciudadanos puedan participar sin necesidad de encontrarse físicamente en su localidad el día de la votación.

No es una concesión extraordinaria ni una forma de participación de menor valor. Es un procedimiento previsto por la legislación electoral española, con requisitos de identificación, plazos y mecanismos de control.

En el procedimiento ordinario, el elector debe solicitarlo dentro del plazo establecido, acreditar su identidad, recibir la documentación correspondiente y remitir su voto conforme a las instrucciones oficiales. Una vez admitida la solicitud, ya no puede votar presencialmente en esa convocatoria.

Conviene insistir en algo: solicitar el voto por correo no equivale a haber votado. El procedimiento debe completarse correctamente y dentro de los plazos previstos.

Pero defender esta posibilidad no significa cerrar los ojos ante sus riesgos.

Al contrario.

Cuanto más importante es garantizar que todos podamos votar, más importante resulta asegurar que nadie pueda apropiarse de ese derecho.

Y aquí entramos en una cuestión que no debería incomodar a ninguna persona comprometida con la democracia.

La confianza también se gana

Durante los últimos años hemos conocido noticias sobre investigaciones por compra de votos, robos de documentación electoral y denuncias de posibles irregularidades.

Algunos episodios han dado lugar a actuaciones judiciales. Otros han sido objeto de investigaciones que no han acreditado una manipulación electoral. Y también han circulado acusaciones cuya gravedad exige distinguir cuidadosamente entre los hechos demostrados y las sospechas.

No todo es lo mismo.

Un robo en una oficina de Correos no demuestra por sí solo que alguien pretendiera alterar unas elecciones. Una investigación por presunta compra de votos tampoco permite declarar culpables a todos los investigados antes de que exista una resolución judicial.

Pero sería igualmente equivocado sostener que los ciudadanos no tienen motivos para exigir explicaciones cuando suceden acontecimientos que afectan, directa o indirectamente, a la documentación electoral.

Porque la confianza no puede imponerse mediante un discurso.

La confianza se construye con garantías, transparencia y respuestas.

Cuando aparece una irregularidad, lo razonable es investigar qué ocurrió, determinar sus consecuencias, corregir los posibles fallos y exigir responsabilidades si se han cometido delitos.

No debería importar a quién beneficie o perjudique el resultado de esa investigación.

Y aquí surge otra contradicción bastante reveladora de nuestra manera de entender la política.

Hay quienes defienden la limpieza de las elecciones con entusiasmo cuando ganan sus candidatos y descubren todos los defectos del sistema cuando pierden. También existen quienes consideran cualquier duda una amenaza intolerable mientras gobiernan los suyos, pero se vuelven extraordinariamente exigentes con las garantías cuando cambia el signo del poder.

Curiosa forma de entender la democracia: confiar en ella según el resultado del escrutinio.

Las reglas electorales no deberían cambiar de valor dependiendo del nombre que aparezca en la papeleta vencedora.

Y los ciudadanos tampoco tendríamos que elegir entre dos extremos igualmente poco razonables: creer que nada puede fallar o dar por hecho que todo está manipulado.

Entre la ingenuidad y la sospecha permanente existe un espacio imprescindible para cualquier democracia saludable: el de la vigilancia responsable, las pruebas, las garantías legales y la exigencia de explicaciones.

Defender las urnas no consiste en negar sus posibles problemas. Consiste en protegerlas también frente a quienes pudieran intentar aprovecharse de ellos.

La democracia no pertenece a quienes ganan

Uno de los grandes desafíos de nuestra convivencia aparece cuando conocemos los resultados electorales.

Aceptar la victoria de la opción que preferimos resulta bastante sencillo. Lo verdaderamente difícil es reconocer la legitimidad de una decisión democrática cuando el resultado no coincide con nuestros deseos.

Ahí es donde se pone a prueba nuestra defensa de la libertad.

Podemos discrepar de un gobierno, cuestionar sus políticas, criticar sus decisiones y exigir responsabilidades. Todo ello forma parte de una sociedad democrática.

Pero el voto de quien piensa de manera diferente tiene la misma dignidad que el nuestro.

No vale más cuando coincide con nuestras ideas ni pierde legitimidad porque nos disguste la elección de otros ciudadanos.

Esto no significa que todos los resultados deban aceptarse sin posibilidad de impugnación. Precisamente para eso existen procedimientos legales de reclamación, revisión y control.

Significa que nuestras preferencias políticas no pueden convertirse en el criterio para decidir cuándo respetamos las reglas.

En los pueblos esta reflexión tiene una dimensión especialmente humana.

Nos conocemos, compartimos calles, coincidimos en establecimientos y, en muchas ocasiones, mantenemos relaciones personales con vecinos que piensan de manera completamente distinta.

Y sería una pena que una papeleta tuviera más fuerza para separarnos que todos los años que llevamos conviviendo.

Podemos discutir intensamente sobre política y seguir ayudándonos cuando alguien lo necesita. Podemos no compartir una sola idea electoral y conservar el respeto.

Incluso podemos seguir tomando café juntos.

Eso sí, quizá convenga dejar las discusiones más apasionadas para después del segundo.

La democracia no termina cuando se cierran las urnas

También debemos reconocer que participar en unas elecciones no nos convierte automáticamente en ciudadanos ejemplares.

Votar es importante, pero la democracia necesita algo más que nuestra presencia periódica en un colegio electoral.

Necesita personas que se interesen por lo que sucede a su alrededor, que conozcan sus derechos, que respeten los de los demás y que se atrevan a preguntar cuando algo no funciona.

En nuestros municipios esto resulta especialmente evidente.

Las decisiones sobre servicios públicos, caminos, actividades culturales, instalaciones municipales o proyectos de futuro pueden tener consecuencias muy directas sobre nuestra vida cotidiana.

Y la participación ciudadana debería mantenerse viva también entre elecciones.

Proponer, escuchar, colaborar, solicitar información y exigir explicaciones son formas de contribuir a una comunidad más responsable.

No podemos pedir que los representantes públicos rindan cuentas mientras nosotros renunciamos por completo a interesarnos por lo que hacen.

Tampoco deberíamos pensar que depositar una papeleta nos concede cuatro años de razón absoluta.

La democracia no consiste en entregar un cheque en blanco. Consiste en elegir representantes dentro de un sistema que debe permitir examinarlos, criticarlos y sustituirlos conforme a las reglas.

Y esas reglas merecen ser defendidas con independencia de quién gobierne.

El día que volvamos a votar

Llegará otra jornada electoral y nuestros pueblos recuperarán ese ambiente tan particular que acompaña a las urnas.

Algunos vecinos acudirán temprano. Otros aprovecharán el paseo de media mañana, mientras que quienes hayan optado por el voto por correo habrán realizado previamente los trámites necesarios.

Habrá conversaciones, pronósticos y alguna que otra persona convencida de conocer el resultado mucho antes de que se abra la primera urna.

La experiencia demuestra que la seguridad con la que hacemos determinadas predicciones no siempre guarda relación con nuestra capacidad para acertarlas.

Pero detrás de todo ese pequeño ritual cotidiano seguirá existiendo algo profundamente valioso: la posibilidad de decidir libremente.

Y esa libertad merece algo más que discursos solemnes.

Merece instituciones responsables, procedimientos fiables, ciudadanos informados y mecanismos capaces de investigar cualquier irregularidad sin convertir cada sospecha en una condena anticipada.

Merece que podamos confiar, pero también preguntar.

Que podamos votar, pero también discrepar.

Que podamos perder unas elecciones sin perder por ello el respeto a quienes las han ganado.

Y que quienes resulten elegidos recuerden que su victoria no les concede la propiedad de las instituciones ni el monopolio de la razón.

En Villamiel, como en cualquier otro lugar, seguiremos teniendo diferencias. Discutiremos sobre el futuro de nuestros pueblos, sobre lo que necesitamos y sobre las decisiones de quienes nos representan.

Y probablemente seguiremos quejándonos, porque hay tradiciones que parecen resistir extraordinariamente bien el paso del tiempo.

Pero ojalá conservemos también otra costumbre mucho más importante: la de entender que nuestra libertad política merece ser ejercida, respetada y protegida.

No necesitamos votar todos lo mismo para defender el valor de nuestro voto.

Ni estar de acuerdo con quienes gobiernan para exigir que las instituciones funcionen correctamente.

Porque una democracia verdaderamente sólida no es aquella en la que nadie tiene dudas, sino aquella que dispone de garantías y respuestas para afrontarlas.

Y quizá, cuando llegue el momento de decidir si acudimos a votar, convenga recordar que nuestra papeleta no es un regalo para ningún partido.

Es una pequeña parte de nuestra libertad.

Una libertad que otros no siempre tuvieron y que nosotros deberíamos procurar no dar nunca por descontada.

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Y tú, ¿qué opinas?

¿Crees que valoramos suficientemente nuestro derecho al voto? ¿Has utilizado alguna vez el voto por correo? ¿Consideras que las instituciones explican adecuadamente las irregularidades cuando se producen? ¿Qué necesitarías para sentir mayor confianza en los procesos electorales?

En Villamiel Va queremos escuchar opiniones diferentes, expresadas con libertad y respeto. Porque una democracia también se construye cuando somos capaces de escuchar a quienes no piensan como nosotros.

Imagen: A. Pérez Meca (Europa Press)